El pasado 19 de agosto, Diego Felipe Becerra, joven grafitero de 16 anos falleció en condiciones confusas a manos de efectivos de la Policía Metropolitana de Bogota.
Su muerte y la versión oficial distribuida inicialmente a través de medios corporativos, posteriormente desmentida por testig@s y pruebas periciales, ponen en entredicho el compromiso de las autoridades con el respeto y la promoción de los derechos humanos de tod@s l@s colombian@s.
Diego, fallecido el pasado 19 de agosto junto una de sus obras, fuente El Tiempo |
Diego, alias tripido, no era un defensor de derechos humanos, activista politico o miembro de grupo armado de oposición alguno. Ni criminal ni delincuente, Diego era un artista. Un artista urbano que se negaba a aceptar la ciudad gris y muda.
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Según relato de uno de los jóvenes presentes
ese 19 de agosto, a aproximadamente las 22 horas, Diego se encuentra con
tres compañeros mas en el puente situado a la altura de la calle
116 en el Norte de la ciudad de Bogotá realizando pintadas. Sorprendidos
por una patrulla de la Policía Metropolitana emprenden la huida a pie,
perseguidos por dos agentes. Dos de ellos son apresados por los uniformados,
Diego consigue zafarse e intenta salir corriendo. En el transcurso de la
persecución Diego recibe dos disparos en la espalda, efectuados a una distancia
inferior a dos metros, por un agente de la fuerza pública que posteriormente declararía que Diego estaba armado y se aprestaba
a abrir fuego. Herido de gravedad, Diego es transportado a un centro sanitario
donde moriría horas mas tarde.
Ya en el hospital varios testigos afirman haber escuchado
a oficiales de la Policía en conversación con los agentes implicados
instándoles a mantener un relato coherente de los hechos. A la mañana
siguiente, para los medios corporativos Diego ya no es un grafitero abatido por
la espalda sino un atracador armado involucrado en el robo a una buseta, siempre según la
versión oficial, ocurrido a una distancia considerable respecto donde se
encontraban los cuatro jóvenes.
Un spray de pintura, única "arma" que se le encontró a Diego, Fuente Insurrectasypunto |
Desde el primer momento tanto la familia de Diego como,
especialmente, los compañeros que estaban con él la noche de los
acontecimientos contradicen la versión policial. Relato que se ve
gradualmente debilitado por el hecho que no aparece el arma con la que Diego
habría amenazado al agente ni se detectan restos de pólvora en las manos del
joven fallecido como habría sido el caso si hubiera hecho uso de arma de fuego.
Simultáneamente no parece ser posible identificar a las personas que estarían
en el origen de las denuncias sobre un atraco a un vehículo en
inmediaciones de la escena que la policía afirma habría recibido
momentos antes del luctuoso acontecimiento.Es de destacar que en el ano 2010 el Instituto de Medicina Legal de Colombia contabilizó un total de 506 homicidios donde los autores fueron identificados como miembros en ejercicio de la Policia o las Fuerzas Armadas.
Ausencia de arma y versión oficial
con inconsistencias factuales claras remiten al escándalo de los llamados falsos positivos. Episodio en el que se revelo como
mandos militares del Ejercito colombiano habrían ejecutado a civiles (jóvenes
de clases populares, indigentes y delincuentes comunes en su mayor parte) para
presentarlos, tras manipulación de pruebas, como guerrilleros caídos en
acciones armadas. Con mas de 900 casos identificados entre 2007 y 2008, el episodio supuso
la destitución de un conjunto de oficiales de rango medio y la renuncia
del entonces comandante del Ejército. Documentos confidenciales de la CIA desclasificados recientemente, muestran que la agencia estadounidense tenía
conocimiento de tales prácticas, así como de la connivencia entre fuerzas
militares y grupos paramilitares desde 1994. Las revelaciones afectaron seriamente la reputación en el
exterior de la administración del por aquel entonces presidente A. Uribe (donde el actual
presidente J.M Santos fue ministro de defensa) y su política de seguridad democrática. La misma, ha sido reemplazada por la política de seguridad ciudadana por el actual presidente.
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