Está disponible en la
sección Reports/Informes/Recursos "La Justicia Privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución inversor-Estado” elaborado por Beatriz Plaza y Pedro
Ramiro (@pramiro_) del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL @OMAL_info) y editado
por Ecologistas en Acción. El informe analiza
los resortes jurídicos, especialmente los mecanismos de resolución de
controversias entre Inversores y Estados, que permiten a empresas
transnacionales y otros actores privados limitar y coartar las acciones de los
poderes públicos, en ocasiones incluso en detrimento del interés común.
Destacar como acuerdos como TTIP, el CETA y el TiSA incorporan dichos mecanismos de resolución de
controversias. Adjuntamos el resumen ejecutivo con hyperlinks a instituciones y
casos relevantes e información de contexto.
¿Será que es posible
que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional
a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre
sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa
es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los
tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI).
