Sunday, November 6, 2011

Colombia. Violaciones a los derechos humanos y guerra sucia mediática.

Reproducimos el comunicado emitido hace algunos días  por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) ante las acusaciones por parte del Gobierno Colombiano (y medios afines, muy especialmente El Colombiano y El Tiempo) sobre el trabajo de la organización para con las víctimas de la masacre de Mapiripan (que culminó en condena del Estado Colombiano ante la CIDH) frente a la polémica suscitada desde instancias del Estado colombiano.
La criminalización, difamación y amenazas no detendrán el combate por la  "legítima exigencia de verdad, justicia y reparación". Igualmente, en el aniversario (6 Noviembre 1985) de la Toma del Palacio de Justicia, no aceptaremos una narrativa histórica que confunda victimas y victimarios, silenciando las voces y la  memoria. Hemos añadido foto, hypervinculos y material de apoyo
English  The Massacre at Mapiripán
Presidente Juan Manuel Santos, antiguo ministro de defensa durante los gobiernos de Alvaro Uribe  (en cuya administración su primo, Franciso Santos, era vice-presidente) y miembro de la familia Santos, propietaria,hasta 2007, del único periódico colombiano de alcance nacional, El Tiempo.



Comunicado del Colectivo de Abogados

Habrá muchos más Mapiripanes, ¿quién quiere destruir al CAJAR?

..todas las noches por unas rendijas yo miraba pasar gente secuestrada con las manos atrás y amordazados en la boca para ser cruelmente asesinadas en el matadero municipal de Mapiripán, escuchábamos todas las noches gritos de personas que estaban siendo torturadas y asesinadas pidiendo auxilio”.

Así describió el juez municipal de Mapiripán, Leonardo Iván Cortés Novoa, el horror de las torturas y el suplicio de quienes fueron descuartizados: lanzando los pedazos de cuerpos al río Guaviare para que éste se los tragara; dejando algunos cadáveres en el municipio y tirando al pie de los que huían, el perro ahorcado de la profesora por el “Mochacabezas”, para dejar muestra de lo que el cabecilla paramilitar Carlos Castaño llamara “el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia”, confesando haber asesinado a 49 personas
Desde la llegada de los paramilitares, el juez Cortés lanzó llamados desesperados de auxilio a las autoridades, a los que por su acento costeño y paisa dedujo que venían de Urabá. Lo escuchó el mayor del Ejército Hernán Orozco Castro, quien reemplazaba en la comandancia del batallón “Joaquín París” al Coronel Ávila Beltrán quien pidió vacaciones unos días antes. Orozco Castro advirtió de inmediato por radio y por escrito a su comandante directo, el general Uscátegui Ramírez recomendando que “con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2 (3 Batallones en Barrancón y 3 Helicópteros, no hay artillado) se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán, allí se podría incluir a la Policía Antinarcóticos”. 
“…considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región, pronóstico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores de la antes mencionada ciudad”, esto fue lo que advirtió el oficial Orozco Castro, pero no sólo se le impidió actuar, sino que el general le obligó a cambiar el oficio original que le estaba destinado.
¿Pero cómo habían llegado los paramilitares de Córdoba y Urabá hasta San José del Guaviare? Llegaron en dos aviones que despegaron de Urabá, escoltados por tropas adscritas a la Brigada XVII comandada por el general Rito Alejo del Río, aterrizaron en San José del Guaviare (Guaviare), donde fueron escoltados por otros militares para facilitarles que iniciaran su recorrido macabro.
La masacre de Mapiripán no fue una masacre más, fue el comienzo del despliegue del paramilitarismo en todo el país, como estrategia contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, extendiendo el baño de sangre a todos los rincones del territorio, con sus millones de víctimas de crímenes internacionales: ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, masacres, violencia sexual, despojo de tierras y desplazamiento forzado.
La investigación penal condujo a la primera condena contra altos oficiales del Ejército, sin embargo, no todos los responsables han sido investigados, tampoco todas las víctimas han sido individualizadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado colombiano por estos hechos, reclamando que el Estado cumpliera plenamente el deber de investigar, de sancionar, de reconocer y de indemnizar a las víctimas.

En la pasada semana, la identificación de falsas víctimas por la Fiscalía de Justicia y Paz, que fueron indemnizadas por el Estado colombiano, ha desatado una campaña mediática y el anuncio de sanciones ejemplares contra aquellos que el presidente Santos ha llamado “avivatos”, “corruptos”, que minan la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo varias de estas supuestas falsas víctimas ya habían sido identificadas desde 2008, e incluso varios años antes, por el Estado colombiano ¿por qué hasta ahora se dieron a conocer?

El tratamiento mediático ha querido mostrar que la masacre fue menos grave, porque hubo menos víctimas de las anunciadas, 13 reconocidas por la investigación de la Fiscalía de Justicia y Paz y 68 personas desplazadas. Esto se ha traducido en generar la sensación de “injusticia” de las sentencias proferidas y de ello se ha valido el Procurador para anunciar una solicitud de revisión frente a la sentencia proferida contra el general Uscátegui. Ya se anuncian voces que reclaman impunidad para los perpetradores.

Es necesario precisar que las víctimas de la masacre de Mapiripán fueron reconocidas como tales por el Estado colombiano, que las mismas primero llegaron a declarar ante la Red de Solidaridad Social, ante la Fiscalía General de la Nación, mucho antes de solicitar ser apoderadas por el CCAJAR, quien actuando de buena fe, le dio credibilidad a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían desaparecido sus familiares.

Las indemnizaciones son apenas una parte de la reparación a la que tienen derecho las víctimas, los representantes del CCAJAR actuamos buscando además las sanciones disciplinarias y penales de los responsables de los crímenes, así como garantías de no repetición, para que en el futuro, no existan “más mapiripanes”. En este punto, es necesario aclarar que ningún integrante de nuestra organización pacta una contraprestación económica con las víctimas, no recibe compensación alguna derivada de las indemnizaciones resultantes de los procesos que apoderamos, y en todos los procesos penales en los que actuamos como parte civil renunciamos a cualquier reconocimiento económico que pueda derivarse del establecimiento de responsabilidades penales. Solo en los casos en los que se ordenan indemnizaciones, se pacta a nivel institucional un aporte que contribuye a continuar con el desarrollo de las actividades que nuestra organización realiza en defensa de los derechos humanos, y particularmente de las víctimas.

De otra parte, el fraude contra el Estado, cometido por personas que se hicieron pasar como víctimas, aprovechando la incertidumbre sobre la identificación de las personas descuartizadas y desaparecidas, ha servido como pretexto para quitarle credibilidad a las víctimas, para extender un manto de duda a los procesos en curso contra miembros de la fuerza pública, ha sido aprovechado para procurar el debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para profundizar la campaña de desprestigio contra el CAJAR y el conjunto de organizaciones de derechos humanos que en Colombia, actúan ante tribunales nacionales e internacionales en la legítima exigencia de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
El CCAJAR lleva más de treinta años de reconocimiento por su compromiso transparente e inclaudicable en la lucha contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad, sus miembros se han jugado su vida y lo siguen haciendo, representando miles de víctimas.
Nunca hemos comprado un testimonio, jamás “compramos sentencias”, ni acudimos a maniobras fraudulentas para obtener decisiones judiciales, jamás buscamos víctimas falsas, nunca hemos buscado la sanción del Estado de manera irregular. Luchamos por tener una democracia digna de tal nombre y una sociedad que ame la vida y defienda su dignidad y sus derechos.

Reiteramos que todos los integrantes del CAJAR estamos dispuestos a comparecer frente a cualquier investigación penal o disciplinaria.

Frente a la confianza que nos han depositado las víctimas, seguiremos creyendo en su testimonio, es preferible equivocarse de buena fe que tejer un manto de duda sobre las millones de víctimas de la violencia socio-política que reclaman verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición de los crímenes y paz.

A la comunidad nacional e internacional les decimos con toda claridad, que el CCAJAR está siendo víctima de una confabulación de enormes proporciones que tiene como objetivo nuestra destrucción, que fue el mismo propósito que persiguió el gobierno de Uribe Vélez a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS que nos tuvo como principal objetivo. En esta oportunidad, atacan nuestro patrimonio moral, construido con ejemplar compromiso con las víctimas. Dicha confabulación pretende nuestra liquidación como organización de derechos humanos para beneplácito de los principales violadores de derechos humanos y consolidación de la impunidad que estimula la continuidad de los crímenes.
No es fortuito que esta campaña se desate, en medio del intento del restablecimiento pleno del fuero penal militar, cuando está por resolverse la decisión de segunda instancia en el caso Palacio de Justicia contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a quien el nuevo comandante de las Fuerzas Militares lo considera un “héroe nacional”, cuando la Corte Suprema ha ratificado la sentencia contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui y la Fiscalía lo ha vinculado formalmente a la masacre de San Carlos de Guaroa; mientras el caso Santo Domingo se inicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los miles de casos de falsos positivos y las investigaciones empiezan a afectar a altos mandos militares.

Las investigaciones y juicios del DAS empiezan a cerrarse en torno al círculo presidencial de Uribe Vélez, que en el caso de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, han sido defendidos públicamente por el Presidente Juan Manuel Santos.

La sociedad colombiana tiene derecho a la verdad. Los que han cometido fraude contra el Estado engañándonos deben responder por sus delitos, clamamos por la justicia para que se restablezca nuestro buen nombre, pero sobre todo exigimos respeto para las víctimas de Mapiripán.

Exigimos plena justicia frente a los principales determinadores de los muchos mapiripanes que se siguen perpetrando en Colombia.
Bogotá D.C., 31 de octubre de 2011
 
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